Notas sobre la lucha de clases, los intelectuales y el conflicto entre los ruralistas y el gobierno
Por: Miguel Mazzeo (especial para ARGENPRESS.info)
Fecha publicación: 23/06/2008
‘Pero ya basta de insignificancias lúgubres y vayamos a las
cuestiones realmente lúgubres’
Francis Scott Fitzgerald
‘Hasta ahora, el enemigo no ha cesado de vencer’
Walter Benjamín
La lucha de clases es un hecho real y la neutralidad frente a la misma es imposible. El que la niega se compromete y toma partido, aunque no lo reconozca, aunque no se de cuenta. Pero un ‘análisis de clases’ simple y primordial -que en sentido estricto es un análisis de la lucha de clases- aplicado al conflicto entre los ruralistas y el gobierno, deja en claro que no tiene mucho asidero hablar en esta ocasión de ‘lucha de clases’. Por lo menos no en el sentido en que muchos la han planteado, es decir, como una proposición esquemática e incorrecta que enfrenta una ‘alianza de las clases reaccionarias’ (ruralistas y apoyos varios) a una ‘alianza de las clases progresistas’ (gobierno y apoyos varios). Es lo mismo que catalogar cómo lucha de clases las disputas entre las empresas privatizadas y Techint o las rencillas entre la Iglesia y los punteros políticos del Partido Justicialista (PJ) por el control de la asistencia a los pobres.
Este tipo de planteo desjerarquiza al concepto, al imprescindible principio organizador general del análisis socio – político y, peor aún, a la lucha de clases concreta. No sólo deja de lado la ‘objetividad situacional’ sino también la ‘subjetividad trascendental’ y se asemeja al punto de vista del megalómano que no puede distinguir entre el opresor y el oprimido. Se trata de una proposición que torna invisible las contradicciones sustanciales.
Un análisis de clases bien concebido, fundado en un marxismo crítico y abierto, debe partir de la identificación de una clase dominante y una clase subalterna, luego podrá reconocer un amplio estrato intermedio e identificar un conjunto de subclases. Hay que reconocer, además, que ni las clases dominantes, ni las clases subalternas son homogéneas, menos aún en sociedades complejas como la nuestra. Pero el primer desglose es el más significativo.
Para no caer en un reduccionismo clasista y para ampliar el horizonte de la praxis, un análisis de clase, no sólo debe atender a las formas de explotación y extracción del plustrabajo, sino también al proceso de dominación y subordinación de clase. En este último aspecto, el Estado y los gobiernos en las sociedades capitalistas juegan un papel clave. Cabe aclarar que estimamos al Estado como una instancia que no es autónoma del capital, pero tampoco reductible a las determinaciones económicas del capital.
La estructura de la dominación en la sociedad de clases se asienta en la propiedad y el control de los medios de producción, en el control de los medios administrativos y coercitivos del Estado y en el control de los medios de consenso (que incluye los medios de comunicación). No hace falta ser propietario de medios de producción para extraer plustrabajo, el Estado, por ejemplo, es un gran extractor de plustrabajo; en la Argentina, no sólo en tanto patrón (que lo es cada vez menos), sino básicamente como recaudador de impuestos. La recaudación de impuestos es central en la extracción de plusvalía y no requiere de la propiedad de los medios de producción, sino de poder político.
Como dijimos, las clases no son homogéneas. Suele haber desacuerdos, incluso pronunciados, al interior de los intereses capitalistas privados y al interior del sistema estatal. El conflicto entre los ruralistas y el gobierno remite a un desacople entre algunas partes y funciones de la estructura de dominación, un conflicto que para nada pone en juego sus coincidencias de fondo. Se asemeja más a una desquiciada -y menor- disputa inter – burguesa, donde las clases subalternas juegan roles subordinados y defienden y actúan intereses ajenos.
Nicos Poulantzas decía que ‘las relaciones de poder no recubren exhaustivamente las relaciones de clase y pueden desbordarlas’, pero esto no significa que las relaciones de poder carezcan de referencia de clase o que se sitúen por fuera del terreno de la dominación política, simplemente se trata de reconocer un fundamento distinto del de la división social del trabajo. Con esta alusión queremos decir que tampoco existe la posibilidad de que un accionar autónomo de las clases subalternas rebase el marco burgués del actual conflicto, o sea: no estamos frente a un proceso de acumulación de experiencia combativa de las clases subalternas en los marcos de las acciones en defensa del gobierno, puntualmente en el marco del conflicto que sostiene con los ruralistas. Por supuesto, tampoco la ‘lucha’ de los ruralistas ofrece esas posibilidades (es difícil identificar ‘bases campesinas’ que, en los marcos del conflicto, luchan por reivindicaciones propias). Mucho menos creemos que sectores significativos de las clases subalternas pretendan destruir el marco burgués.
Sin dudas existe lucha de clases porque no hay manera de vivir fuera de las condiciones que impone la lucha de clases ‘real’, pero la misma remite a otro plano, el más significativo y el más desconsiderado en estos días. En ese plano la relación de fuerzas es ampliamente desfavorable para las clases subalternas. No sólo no vemos a las clases subalternas luchando por su emancipación, por lo menos no masivamente, sino que tampoco las vemos luchando por mejorar las condiciones de su subordinación. Atrapadas en una abigarrada red de determinaciones, con intereses y conflictos definidos en términos atomísticos, con dirigentes anacrónicos que desvarían y aportan a la fragmentación, con organizaciones que reclaman y veces usufructúan una representación de la que carecen o que caen en el juego las polarizaciones falsas, se hace difícil la emergencia de un interés de clase. Sin dudas, está la bronca, el rencor y la ilusión, están los espacios de resistencia, las barricadas de silencio que nos reafirman que, a pesar del aislamiento circunstancial, el pueblo ‘ocurrirá’.
II
El núcleo duro de los agro – negocios, integrado por los pools de siembra, los proveedores de insumos y las compañías exportadoras y las industrias agro – ganaderas, no participaron del conflicto, porque, en líneas generales, su estrategia de acumulación es avalada por el gobierno. No hay deterioro de las relaciones de cooperación entre el poder de los sectores más poderosos y el poder estatal. Estos sectores, por lo general no ingresan en rencillas menores, priorizan los elementos esenciales del modelo de acumulación y las condiciones de su reproducción a largo plazo.
Por su parte, los grandes terratenientes nacionales y extranjeros, representados por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y CONINAGRO, participaron en el conflicto con posiciones moderadas, porque sólo estaban en juego intereses corporativos puntuales. El rol protagónico lo jugaron los pequeños y medianos productores nucleados en la Federación Agraria Argentina (FAA), obligados a una alianza con los grandes terratenientes por tres cosas: primero por las políticas impositivas no diferenciadas implementadas por el gobierno, luego porque muchos de ellos son ‘rentistas’, y finalmente porque no son un sector empobrecido, ni mucho menos. Como buena parte de la clase media, en tiempos de prosperidad relativa, tienden a identificarse con los ‘de arriba’. En las zonas rurales se suele describir sintéticamente la conducta oscilante de la pequeña burguesía rural diciendo que el ‘gringo’ sin plata es solidario, pero con plata se torna individualista, avaro, explotador y ostentoso. Una cosa es el gringo de a pié y otra el gringo montado en una poderosa camioneta 4×4. Lo mismo se puede decir de la pequeña burguesía urbana, que sólo sospecha que es parte de las clases subalternas en tiempos de crisis.
Es evidente que el gobierno no ha hecho nada para revertir el proceso de concentración y centralización del capital en el campo, de igual modo actúa en otros ámbitos de la actividad económica. Impulsa el monocultivo de soja y no se propone modificar el sistema impositivo regresivo que pesa sobre el conjunto del pueblo trabajador. La concentración del capital y la riqueza, es precisamente lo que erosiona la idea que sugiere que la ‘patria es de todos’. La concentración del capital y la riqueza trabaja en contra de la idea de una comunidad nacional.
Con la salida del régimen de convertibilidad y el nuevo contexto mundial caracterizado por la ‘agroflación’ (1), la valorización primario – exportadora, se impuso frente a la valorización financiera, característica del período anterior. La administración kirchnerista consolidó la supremacía del capital agro – industrial, alentó la oleada de extranjerización de la economía y garantizó el subsidio público a las empresas privadas. ¿Qué datos, qué variables consideran aquellos que han determinado el carácter ‘nacional’ de este gobierno?
Las retenciones aportan sólo un 10% de la recaudación mientras el IVA constituye el 42%. Estos datos, por sí solos, esclarecen el papel del Estado (y el gobierno) en la extracción del plustrabajo y la distribución de la renta como ‘pago de factores’ (es decir, renta que va a parar a manos de los propietarios de los medios de producción), asimismo garantizan la base de su cooperación con los grandes grupos económicos vinculados los agronegocios, las grandes industrias, las finanzas y las empresas privatizadas, en fin, todos los que poseen y controlan los principales medios de producción. El gobierno no se propone extender las retenciones a otras áreas como la actividad petrolera, minera, financiera, etc., limitando a algunas actividades específicas el uso de instrumentos para capturar renta extraordinaria, tampoco ha creado categorías que sirvan de base para la redistribución equitativa de derechos y retribuciones.
Las retenciones no son necesariamente ‘redistributivas’, en el marco de las políticas actuales todo indica que se orientarán al pago de la deuda, al mantenimiento de un tipo de cambio favorable a los sectores más concentrados y al sostenimiento de los subsidios para los mismos. Por otro lado, el uso de los recursos apropiados por el Estado y el gobierno (las ‘rentas de transferencia’) ¿acaso no termina reproduciendo las prácticas políticas más repulsivas y al peronismo como el conjunto de rituales suburbanos que ocultan la operación de ‘dar’ el Estado y de ‘recibir’ los pobres? (repartir, de este modo, es reproducir un orden injusto).
Finalmente cabe señalar que el aumento del empleo vino acompañado de una brutal devaluación de los salarios reales, del aumento de la precarización y de una redistribución que profundiza la asimetría. ¿Qué datos, qué variables se consideran a la hora de determinar el carácter ‘popular’ de este gobierno?
Paradójicamente, en el marco del conflicto con los ruralistas, el gobierno contó con el apoyo de algunos sectores campesinos, los más perjudicados por las políticas globales que el gobierno impone. Son los pequeños productores de las regiones no pampeanas, los desalojados de sus tierras por el avance del monocultivo de soja, los que sufren, en distintos grados, la violencia estatal y paraestatal. La mediación de organizaciones como Madres de Plaza de Mayo que se caracteriza por una ‘representación sustitutiva’, ha sido clave para construir este y otros apoyos. La situación es doblemente penosa para el campo popular, tanto por el papel jugado por una organización entrañable como las Madres, que termina fomentando inclinaciones reformistas, como por el hecho de que los campesinos apoyen intereses que, estructuralmente, no son los propios, más allá de alguna concesión transitoria y marginal.
Finalmente, poco y nada se habla del millón y medio de trabajadores rurales que, en un 75% de los casos, está ‘en negro’ y percibe salarios que rondan los $600. ¿Qué papel juegan en la lucha de clases? En general, se los ha visto acompañando a sus patrones en las rutas, ‘defendiendo la fuente de trabajo’, o esperando, en soledad, hasta que ‘la cosa se normalice’, buscando ‘conchabo’ en otros menesteres para ‘ir tirando’.
Sabemos que la lucha de clases no necesariamente asume formas directas y visibles, en realidad, estas formas suelen ser excepcionales, pero la verdad es que en el conflicto entre los ruralistas y el gobierno, el polo subalterno – oprimido de la contradicción (parte de la pequeña burguesía rural, campesinos, trabajadores del campo y la ciudad) estuvo ausente como clase ‘para – sí’. Salvo honrosas excepciones, no mostró signos de ser consciente de las relaciones sociales antagónicas y no actuó ante ellas en beneficio de sus intereses como clase. En general, si aparecieron, salvo en casos muy aislados y de poca repercusión, lo hicieron como apéndices decorativos de alguna corporación o alguna burocracia. Por cierto, se los puede identificar como clase ‘en – sí’, portadores de una conciencia precrítica (al decir de Paulo Freire), manipulados por terratenientes, burócratas y políticos, oficialistas u opositores..
En función de esta caracterización tampoco cabría hablar de golpe de Estado: ¿quién lo da? ¿en función de que intereses? ¿en contra de quienes? ¿la derecha reaccionaria apoyada por la SRA y por los pequeños y medianos productores que impulsan la sojización contra el núcleo duro de los agro – negocios y los campesinos que apoyan al gobierno ‘progresista, nacional y popular y sojero’? No parece algo factible.
III
La calidad de las intervenciones teórico – políticas relacionadas con el conflicto, propuestas por algunos compañeros intelectuales, militantes y dirigentes populares, deja en claro la necesidad de confeccionar urgentemente un buen mapa del poder en la Argentina, un mapa que de cuenta de sus mediaciones, que identifique a sus traficantes y gestores y que ponga en evidencia las distorsiones que introducen. Un mapa que nos ayude a no caer en las trazas y emboscadas del enemigo. La calidad de dichas intervenciones demuestra también las enormes limitaciones políticas del denominado ‘progresismo’.
En efecto, estas intervenciones han pecado de ingenuidad y han estado muy poco atentas, tanto a las cuestiones más estructurales como a las interferencias deformantes de elementos políticos, ideológicos, culturales y un de conjunto de representaciones sociales canibalescas. Se precipitaron en los lugares comunes y en los esquemas binarios, como siempre, tan atractivos como equivocados. No percibieron la amplia zona de acuerdos fundamentales en torno a las formas de extracción y distribución del plustrabajo y en torno a los mecanismos de explotación y dominación. En lugar de partir de la realidad se sometieron a ella e inconscientemente aportaron a la conciencia oprimida.
Así, su habitual predisposición crítica y militante, terminó siendo fagocitada por la lógica de un escenario de polarización que planteó falsas dicotomías, o si se prefiere, dicotomías de segundo orden. El gobierno, desde 2003, viene demostrando que sabe construir esos escenarios y, con la inestimable colaboración de un conjunto de trogloditas, juega invariablemente el papel ‘progresista’. El kirchnerismo ha demostrado que sabe agitar banderas contingentes y ha sido eficaz en la construcción hegemónica por medio de una articulación neopopulista que excede la retórica, se da el lujo de acaparar oportunidades políticas dentro de una retórica ‘nacional’ y ‘popular’.
Muchos de los que concibieron, hace unos años, que el rotulo de nacional – popular era inaplicable a este y al anterior gobierno y que no se dejaron llevar por el folklore y la parafernalia; los que señalaron, con datos precisos, que la noción de gobierno en ‘disputa’ era inexacta, además de narcisista; los que cuestionaron a los sostenedores de ambas posturas por su candidez o su oportunismo, por sus aspiraciones de construir un espacio ‘propio’, desde arriba, al amparo del Estado, con los recursos del Estado y celebrando alianzas con lo peor de la política y el sindicalismo de la argentina; en fin los que venían mostrando alguna solidez intelectual y política, cedieron, ahora, a la atracción fatal del gobierno en el marco de su actual conflicto con los ruralistas.
Repentinamente, aunque marcando prudente distancia respecto del gobierno (distancia cada vez más simbólica en contraposición a un acercamiento de hecho), asumieron la batería de argumentos obvios pero deficientes: el gobierno intenta imponer el interés general sobre el interés sectorial, ha recuperado el empleo, son ‘rescatables’ sus políticas en materia de jubilaciones y de Derechos Humanos, lo mismo que el apoyo a las modificaciones en Corte Suprema de Justicia y algunos avances en la política exterior, etc.
Debemos tener en cuenta que estas medidas, plausibles, pero bien acotadas y efectivas en un contexto muy deprimido (sobre todo en relación al tema del empleo), no atentan contra las estructuras del poder, es más, podríamos decir que las consolidan a largo plazo, ya que construyen una hegemonía más sólida y le aportan al proyecto de la clase dominante dosis moderadas de legitimidad.
Desconcierta la mala interpretación de los signos menores y la exageración de algún fermento pasajero. Tanto criticar los presupuestos políticos más paralizantes de Toni Negri para terminar coincidiendo con él: apoyando a los Kirchner.
Desconcierta el nuevo fervor en la defensa de un gobierno que ha implementando medidas poco menos que reformistas, qué, en el mejor de los casos, propicia la participación popular subordinada y controlada por formas institucionales viejas y opresivas (burocracia sindical, clientelismo político, etc.), formas que sirven para juntar ‘gente’ en actos y marchas pero que son inadecuadas para cualquier confrontación significativa con el poder, dado que no construyen poder popular ni nada que se le asemeje.
Desconcierta que se sobrevaloren las ilusiones burguesas de la democracia y se asuman horizontes tan pobres y que se limiten las aspiraciones a la posibilidad de que las clases subalternas puedan negociar en términos un poco mejores las condiciones de su explotación.
Desconcierta sobre todo que frente a la versión dura del neoliberalismo, se milite en defensa de la versión blanda. Paradójicamente, como no se modificó en absoluto la estructura de poder en la Argentina, el retorno a la versión dura del neoliberalismo queda abierta, cualquier política ‘positiva’, además de limitada es reversible.
No solo desconcierta, sino que desmoraliza. Porque al opacarse lo que podría ser energía creativa, la imaginación y la percepción, si aparecen, no devienen fuerzas transformadoras.
IV
Decíamos que a estos compañeros se los fagocitó el escenario. El bloque político, ideológico y cultural que se articuló en torno a los ruralistas presentó un cariz reaccionario y decididamente antipopular: la derecha política, la que se asume como tal y la que, por elementales cálculos electorales, se considera ‘centro’, la Iglesia (2), etc., se dedicaron a ultrajar el sentido de lo justo y lo popular. Emergieron además todos los prejuicios de las capas medias y las clases acomodadas inmisericordes cuyo horizonte de identificación es el de usuarios, contribuyentes y consumidores. También se hizo perceptible una terrible ingenuidad masiva frente a los condicionamientos económicos, sociales y culturales, expresada, por ejemplo, en el rechazo a la legítima apropiación de la renta diferencial (de la tierra, el petróleo, en fin de todo lo que preexiste al trabajo y es patrimonio de los pueblos) por parte del Estado, medida que, en líneas generales, ni siquiera fue cuestionada por los propios ruralistas. Los grandes medios mostraron una capacidad inagotable para captar y sintetizar el sentido común reaccionario y propietario y para expresarlo en fórmulas masivas y ‘aceptables’.
Este escenario de fuerte polarización generó una ‘ilusión dialéctica’, hizo que se pusieran entre paréntesis los componentes retardatarios y antipopulares del gobierno y que se colocara en segundo plano su verdadera naturaleza de clase, el papel domesticador que el peronismo viene jugando en las últimas décadas, su condición de maquinaria de poder donde lo ideológico es secundario. Juzgar al gobierno partiendo de los posicionamientos de cierta derecha reaccionaria, liberaloide y gorila, confunde, algo que venía ocurriendo desde 2003, pero ahora con mucha más intensidad. La ‘simpatía por inversión’ puede conducir al error. La presidenta no es una revolucionaria montonera filo – marxista porque lo diga La Nueva Provincia o Cabildo. Tampoco el gobierno es nacionalista, estatista, etc.. porque lo afirme un articulista prericardiano de La Nación.
Cabe destacar que, de alguna manera, las respuestas impiadosas de la pequeña burguesía son alimentadas por el propio sistema de dominación que se encarga de escindir a la sociedad entre los que dan y reciben, entre los pagan impuestos y los que son ‘mantenidos’ por el Estado, etc. El Estado, además del plustrabajo, se apropia de la plusvalía política y cultural del pueblo. El peronismo, en los últimos años, ha hecho una contribución fundamental a este tipo de mecanismo. Con la política monopolizada por el Estado y sus funcionarios y concebida como una actividad de especialistas (y no como autodefensa de la clases subalternas), la ‘redistribución’, más que a justicia, remite a control y a la capitalización política de la miseria.
La actitud de estos compañeros, cuya conciencia crítica terminó siendo engullida por el escenario polarizado, en algunos casos, puede ser considerada representativa de cierta ‘intelectualidad progresista’. De hecho circularon infinidad de documentos firmados por ‘intelectuales y artistas’. Reacios a asumir un lugar modesto en la historia, insisten en ejercer alguna función directora y externa sobre las clases subalternas al tiempo que son parte (o quieren serlo) de instituciones y circuitos de legitimación del poder. Por cierto, sólo los intelectuales pueden autoasignarse funciones tan desmesuradas. En el fondo, los ‘progresistas’, no son más que personas menesterosas de orden y sosiego. No asumen compromisos orgánicos porque carecen de la fe suficiente, pretenden formular alguna verdad y no se preocupan por alcanzar la estatura de una hipótesis humana. El proceso de conversión al mundo de las clases subalternas no tiene compensaciones y en los tiempos que corren, carece de épica. En muchos casos es absolutamente lógica su adhesión al ‘progresismo realmente existente’.
Lamentablemente la movilización en defensa del gobierno redunda en la ratificación de sus compromisos con el núcleo duro de las clases dominantes. Una relativa base de masas hace que esos compromisos no lo extenúen. Se reedita, en un contexto diferente, lo más sustancial de la alianza menemista, pero ahora la impronta política y estética la dan los sectores más ‘progresistas’ de las capas medias (de ahí las dificultades para un ‘progresismo’ no gubernamental) y no los más retrógados, antiestéticos o los más liberales. La movilización en defensa del gobierno otorga sustentabilidad política al proceso de especialización productiva y al modelo social que se viene implementando desde 2002. La democracia se consolida como sistema de dominación y no como situación que hace posible la lucha por más democracia.
V
La (falsa) polarización pone en evidencia el aislamiento de los sectores que apuestan a un proyecto verdaderamente popular (y por ende nacional), y aquí planteamos un elemento determinante de las actitudes que criticamos y que nos involucra: la ausencia de alternativas populares y la debilidad de los sujetos populares, diluidos, sin espacios de legitimación. Esta ausencia explica, por lo menos en parte, el hecho de que la pequeña burguesía rural en su conjunto (representada por la FAA) se haya alineado (y alienado) detrás de la SRA, también explica, en parte, el apoyo al gobierno de un sector del movimiento campesino y la pasividad de otros sectores.
La pregunta que se nos impone es: ¿Cómo hacer para que las clases subalternas tomen conciencia de las relaciones sociales y se identifiquen con ideologías, culturas y valores que les sirvan para asumir sus condiciones reales de existencia reconociendo la aberrante contradicción de éstas condiciones con sus intereses como clase? ¿Cómo hacer para que estas ideologías, culturas y valores se traduzcan en medios, caminos e instrumentos para transformar la realidad? ¿Cómo modificar un sistema que para autoreproducirse y expandirse utiliza el mercado, la ciencia, la tecnología, el desarrollo, el atraso, la democracia, la dictadura, la cultura de masas, el sentido común, la geopolítica, la diplomacia, la vanidad, los intelectuales, la guerra y el consumo? Parafraseando a Walter Benajmín ¿sólo estamos en condiciones de tener fe en nuestro propio escepticismo y en nuestra propia desesperación? No. Debemos tener confianza en nuestro pueblo, en nosotros, en nuestros sueños.
Evidentemente, es imperiosa la necesidad de que las clases subalternas se organicen en forma independiente de las clases dominantes y construyan poder popular para que aflore una conciencia colectiva y para comenzar a cumplir el futuro. Es imperiosa la necesidad de que se realice la continuidad dialéctica de autoconciencia – organización – movilización y conducción política en el marco de un proyecto revolucionario, claramente percibido y asumido por amplias masas.
Las magras bases estadísticas de los proyectos emancipadores nos dicen que una propuesta revolucionaria no tiene otra posibilidad que colocarse en el medio del proceso histórico como elemento utópico y hasta excéntrico. Sin dudas, en este contexto, toda propuesta que asuma los verdaderos intereses de las clases subalternas es utópica y excéntrica: porque se opone al modelo sojero y al comando del capital agro – industrial, porque reivindica la soberanía alimentaria, porque pretende cambiar radicalmente el sistema impositivo y el régimen de tenencia de la tierra, porque convoca a una lucha por la nacionalización del aparato productivo, por un plan ferroviario nacional, etc.., porque se opone a las mediaciones burocráticas, clientelares y asistencialistas, porque asume, sin sonrojarse, el anticapitalismo y antiimperialismo.
La fe inquebrantable en nuestro proyecto, cimentada en el trabajo de base, es el único camino para asumir el mundo con libertad, para recuperar la plusvalía política y cultural del pueblo y para no dejarnos llevar por los contrastes que nos hacen perder tiempo en la infructuosa búsqueda de la dignidad de lo indigno.
La renta agraria, otra vez en el centro de la política
Por Eduardo Lucita*
Por Eduardo Lucita*
El conflicto superó rápidamente las razones que le dieron origen, las retenciones móviles y un esquema de cálculo que pone un techo a las ganancias extraordinarias derivadas de la creciente demanda de los mercados mundiales. Lo que comenzara como una cuestión económica merodea ahora los bordes de la crisis política.
Desde la perspectiva económico-técnica el problema esta resuelto desde hace días. El gobierno concederá más de lo que reconozca pero en su lógica de poder no puede hacerlo sin antes recuperar autoridad política. El “campo” está en general de acuerdo con las soluciones pero no puede aceptarlas sino haciendo la parodia de una negociación, porque quiere hacer valer a futuro la fuerza social acumulada.
Así el conflicto semeja cada vez más una suerte de juego de espejos, donde las conducciones enfrentadas sólo se superan a sí mismas, en un marco donde la sociedad da muestras de cansancio de tantas idas y vueltas
Una convicción comienza a instalarse, habrá un antes y un después de este conflicto. El gobierno no podrá eludir el fuerte costo político, menos aún en un marco inflacionario que ya corroe tanto los ingresos de los trabajadores y sectores populares, como los de las capas medias acomodadas, que el gobierno se muestra impotente de controlarlo. Mientras la derecha –aun carente de liderazgo y organización- ha encontrado una base social de importancia.
Los tiempos por venir serán sin duda testigos de nuevas confrontaciones
Nada es lo que parece o se dice
Las diferentes organizaciones representativas del campo (1), unificadas como nunca antes, cuestionaron las retenciones móviles no solo en defensa de sus ganancias sino como instrumento válido para desacoplar los precios internacionales de los locales y disminuir así el impacto inflacionario por suba de los precios de los llamados “bienes salarios”.
Pero esto no puede ocultar que detrás de la objeción a las retenciones móviles –y su intento de minimizarlas- están planteando un programa que erradique las restricciones al mercado exportador de carnes, granos y aceites. La eliminación de las retenciones vendrá después… No se explicita como tal pero hay también una impugnación a la intervención estatal en la economía. Se rechazan medidas reguladoras implementadas por el gobierno, por moderadas que estas sean, y la posibilidad de distribución de la renta que llevan implícitas.
A este accionar corporativo se sumó la derecha política, que vio en el lock-out agrario la posibilidad de establecer una plataforma que intenta retrotraer la situación al período anterior al 2001.
El gobierno nacional se topó con una reacción que no esperaba y buscó en todo momento defender la acción legitima del Estado por apropiarse de renta extraordinaria –como es la que surge de la excepcional demanda internacional- argumentando que esta es esencial para una política de distribución de la riqueza y lucha contra la inflación. Claro que esto es parcial, el principal cultivo sujeto a retenciones es la soja que no incide demasiado en el mercado interno en la coyuntura, aunque sí desplaza a otros cultivos y por lo tanto reduce su oferta.
Es claro además que el incremento de las retenciones tiene su costado fiscalista, una necesidad para seguir manteniendo los subsidios –si no fuera por ellos las tarifas de los servicios públicos estallarían con su impacto sobre la inflación- y hacer caja para afrontar los pagos de la deuda que, como ya se adelantó varias veces desde esta columna, crece automáticamente y sus pagos o refinanciaciones son cada vez más pesados.
Incapacidad e impericia, errores de cálculo político y de implementación técnica unificaron el frente opositor y resquebrajaron el tejido de alianzas construido en el primer período kichnerista, esto se ha reflejado también al interior del partido justicialista.
En este contexto el gobierno volcó sus esfuerzos tratando de recuperar presencia política, la reciente convocatoria al Partido Justicialista no es más que un intento de disciplinar a la tropa que da muestras de disgregación. Sin embargo cualquiera sea el resultado no sale bien parado de el, y es notorio que la figura de la presidenta se ha desdibujado. (2)
Una disyuntiva irreal
Desde el primer momento se intentó instalar en la sociedad que se trataba de una disputa entre la tradicional oligarquía agrícola-ganadera y un gobierno nacional-popular-reformista. Sin embargo no todo es como parece.
Si una virtud tiene este conflicto es que ha echado luz sobre la estructura social del campo. Los datos que surgen del Censo del 2002 muestran que su actualidad poco o nada tiene que ver con la antigua y casi feudal estructura agraria.
Los ruralistas que pueden referenciarse en la vieja oligarquía hoy forman parte de la nueva burguesía terrateniente, son accionistas de grandes sociedades anónimas o miembros de fondos de inversión. Su contrapartida, aquellos descendientes de los arrendatarioa y aparceros que dieron origen al “Grito de Alcorta” en 1912, son hoy dueños de sus tierras, explotan mano de obra -por lo general en negro-, cuando no se han convertido en rentistas alquilando sus tierras a los “pool” de siembra. Tal vez aquí este la razón oculta de esta alianza, impensada poco tiempo atrás, entre la FAA y la SR.
Es que el gran capital, sobre todo financiero, ha ingresado a la actividad agrícola-ganadera. Con los desmontes, el desplazamiento de poblaciones originarias de sus tierras ancestrales y el daño ambiental que esto supone se incorporaron millones de hectáreas de tierras fértiles y se expandió la frontera agropecuaria. La superficie cultivable creció más de un 35% y en los últimos 10 años la producción de granos pasó de 45 a 95 millones de toneladas.
En el campo argentino se verifican hoy las tendencias que adelantara el economista belga Ernest Mandel (3) en el inicio de los ’70 y que caracterizara como “industrialización agraria”. Junto con las innovaciones tecnológicas en la siembra, riego, cosecha y almacenaje se han impuesto criterios de eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad propios de las grandes empresas. Argentina es hoy el principal exportador de oleaginosas del mundo y junto con Brasil el mayor núcleo productivo mundial en materia de granos y aceites.
Este gobierno, que no es lo mismo que los anteriores entre otras cosas porque es resultado directo de la revuelta popular de diciembre 2001 y expresa los cambios operados al interior del bloque de clases dominantes, está montado y a su vez es impulsor de un ciclo expansivo de la economía que refleja tendencias mundiales
Hay elementos de ruptura con el pasado pero también muchos de continuidad. Por otra es evidente que el modelo “neodesarrollista” que encarna la administración kirchnerista emerge del propio seno del “neoliberalismo”, y encuentra allí parte de sus limitaciones.
Prueba de ello es la contradictoria situación de un gobierno que en la defensa de las retenciones móviles embistió contra “… la sojisización del país”, cuando si se revisan los años pasados se verá que se apoyó en el modelo sojero y lo potenció, desde la primera fase de su administración. Mas aún, en medio de las negociaciones propuso crear una suerte de junta reguladora privada controlada por… los pulpos cerealeros
Si alguna otra evidencia faltara para confirmar la existencia de vasos comunicantes: ni gobierno ni ruralistas, pusieron en el banquillo a esas cerealeras exportadoras que se llevan la parte del león del negocio granífero. Tardíamente se ha reconocido que la legislación tiene grietas que les permiten a las multinacionales eludir los aumentos en las retenciones, y la FAA se ha visto obligada a salir al cruce de las exportadoras y los “pool” de siembra.
Hay que ser muy benevolente para pensar que se trata de un gobierno de reformas, si las hay no se notan demasiado. Sólo pensar que cinco años son más que suficientes para modificar la regresiva política tributaria vigente, que es la principal traba para una redistribución eficaz de la riqueza.
El punto en cuestión
A poco que se mire por debajo de la superficie se verá que hay una confrontación que va más allá de la coyuntura y se desenvuelve sordamente al interior del bloque de las clases dominantes. Este bloque tiene la misma composición que en los ’90, entre otras cosas porque no hay como en épocas pasadas otra fracción burguesa que pugne por ingresar. No quiere esto decir que no haya burgueses nacionales, los hay pero los grandes se han transnacionalizado y los restantes no tienen entidad social ni política como para disputar la orientación del proceso de acumulación de capitales.
Sin embargo hay un elemento de ruptura, es que el comando del bloque ya no lo componen el capital financiero y las empresas de servicios públicos privatizadas, sino que ahora lo es el capital productivo: agrario e industrial. Son estos los grandes beneficiarios de la macrodevaluación del 2002 y quienes han liderado el ciclo expansivo de la economía desde el segundo trimestre de ese año.
Tras seis años de crecimiento el ciclo económico comienza a encontrar limitaciones y condicionamientos –internos y externos- producto de que no se ha hecho nada para resolver los desequilibrios estructurales históricos del capitalismo argentino. La resultante no es novedosa: reaparece la debilidad congénita del capital industrial –que no puede desenvolverse si no es al amparo de subsidios estatales- y retorna la renta agraria, con peso social y político.
En este marco lo que se está discutiendo es si la orientación futura de la acumulación y reproducción de capitales estará a cargo de una alianza industrial/agraria –sostenida en el mercado interno- o bien una alianza agroindustrial/financiera –que prioriza el modelo exportador-. La reciente solicitada de industriales, banqueros y comerciantes llamando al “diálogo”, así como la convocatoria de la dirigencia rural al acto de Rosario –que tuvo un marco multitudinario-, son muestras de como las diversas fracciones del capital, aún cuando están muchos más interpenetradas que en el pasado, comienzan a marcar la cancha.
Se trata de una disputa intercapitalista, pero cuando se la analiza en detalle se comprende que no da lo mismo quien se imponga, no vale aquí neutralidad alguna escudada es que se trata de “una lucha interburguesa”; claro que esto no habilita su contrapartida: el seguidismo a la dirigencia rural detrás del “apoyo a los pequeños productores” que defienden sus intereses pero juegan como masa de maniobra de la SR y CRA.
La forma en que se resuelva esta disputa, o que fracción/es del capital finalmente prime sobre las otras, no alterará sustancialmente el modelo en curso, pero es necesario comprender que las clases populares, particularmente los trabajadores, no pueden permanecer indiferentes en la defensa de las retenciones y la intervención estatal en la economía.
Los tiempos por venir serán sin duda testigos de nuevas confrontaciones. La crisis interburguesa abre así un resquicio para el debate y la intervención política. Una intervención que no puede quedarse en el marco reivindicativo inmediato de los trabajadores y las clases subalternas, por el contrario se trata de elaborar una propuesta que partiendo de esas reivindicaciones y una defensa irrestricta de las libertades democráticas contenga transformaciones profundas que abran una perspectiva decididamente anticapitalista.
*Integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda
(1)Cuatro son las organizaciones del sector agrícola-ganadero. La Sociedad Rural (SR) agrupa a los más grandes productores, más de 10.000, y agrupa a los más rancio y conservador, en el imaginario es la representación de la vieja oligarquía vacuna. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) agrupa a lo más selecto de los productores medianos de las zonas más fértiles del país, unos 100.000. CONINAGRO, es la entidad que agrupa a las cooperativas, por lo general muy fuertes en la comercialización, y que incluye a cooperativas muy grandes. Federación Agraria Argentina (FAA) originada en la primera huelga agraria de 1912, agrupa a los pequeños y medianos productores , unos 100.000.
(2)Dos recientes ilustraciones de ese extraordinario dibujante que es Hermegildo Sábat dan cuenta de estas dos situaciones: en una se muestra a la Presidenta sentada en un desproporcionado sillón presidencial, como indicando que el llamado sillón de Rivadavia le queda grande. En otra muestra al ex presidente Kirchner haciendo jueguito con el futbolista Oriol, el guardameta del Club San Lorenzo que por lucirse haciendo jueguito en su área facilitó un gol inesperado del equipo contrario. Menos sutilmente el escritor menemista Asís graficó la situación: “el gobierno chocó la calesita”
(3) Ernest Mandel, “El capitalismo tardío” (1972) capítulo XII, primera edición en castellano 1979, ediciones. ERA, México.
No aceptamos que el hambre sea una oportunidad
1. Junto a varios intelectuales y dirigentes sindicales y sociales, usted elaboró un documento con una posición sobre el conflicto en torno de las retenciones y los reclamos de las entidades patronales del campo que ha recibido amplio apoyo. Nos puede sintetizar sus definiciones.
La Declaración a la que se refiere, “Otro camino para superar la crisis” , fue elaborada entre varios y consultada con referentes sindicales y sociales. Efectivamente y para nuestra sorpresa ha tenido una repercusión mayor a la pensada, no solo por la cantidad y calidad de adhesiones recibidas sino por la difusión que la misma alcanzó.
Nos parece esto no es solo por los aciertos que la misma pudiera contener, sino que es también un indicador de que el conflicto agrario ha abierto un espacio importante para la intervención política desde el punto de vista y los intereses de los trabajadores y las clases subalternas.
Tratamos de responder a lo que consideramos una falsa polarización entre un gobierno “nacional-popular-reformista” y la “oligarquía agrícola/ganadera”, o se está políticamente con uno o con otro. No aceptamos este chantaje, no caracterizamos a este gobierno como reformista, menos aún participamos de la idea de la continuidad de la vieja oligarquía. Sin embargo no nos da lo mismo como se resuelva este conflicto, están en juego las condiciones materiales en que viven y reproducen su existencia las clases populares.
La declaración intenta también un deslinde de posiciones frente a un sector de la izquierda que en apoyo a los pequeños productores termina como masa de maniobra de la SR y CRA, y otro que escudándose en que se trata de una pelea inter-burguesa no interviene. Pienso que hay oportunismo por un lado e incapacidad para hacer política por el otro.
Se trata sí de una disputa intercapitalista pero no nos puede dar lo mismo quien se imponga, y las clases populares no pueden permanecer indiferentes.
Es desde esta perspectiva que la Declaración defiende las retenciones, y sobre todo la intervención del Estado en la economía. En todo caso discutamos que se hace con las retenciones y cuál debe ser la orientación de la intervención estatal.
2. ¿Cuál es la relación de este conflicto con la crisis alimentaria mundial?
Es evidente que el conflicto ha sido provocado por el alza incontenible de los precios de carnes, lácteos, cereales y oleaginosas (también del petróleo lo que encarece los costos de los fertilizantes).
Esto obedece a una combinación compleja de procesos de larga duración como es la reestructuración del comercio internacional de alimentos desde los años ‘80 que liquidó buena parte de las economías regionales para favorecer la colocación de los excedentes agrícolas de los países centrales; el cambio climático que desertificó regiones enteras e impulsó las migraciones masivas de hambrientos en busca de tierra y comida, y que en la coyuntura se expresa en la sequía en Australia, uno de los principales proveedores mundiales, y en las inundaciones en EEUU que disminuyen fuertemente las cosechas Hay también un fuerte incremento de la demanda genuina por la emergencia de China y la India.
Ahora se agrega el capital especulativo que huye de la burbuja inmobiliaria para refugiarse en los productos agrarios y energéticos haciendo crecer artificialmente mas aún los precios.
Frente a esta situación, que genera grandes ganancias a productores y exportadores en países como el nuestro, el gobierno nacional decidió legítimamente capturar renta extraordinaria y poner límites a las exportaciones como forma de desacoplar precios internos de los internacionales.
Y también como medida fiscalista. Porque busca hacerse de recursos adicionales para solventar los subsidios crecientes, para mantener bajo control la crisis energética y los asignados a las empresas de servicios públicos para que no suban las tarifas. Esta captura de renta y esas limitaciones a la exportación provocaron la reacción del campo.
Lo que más se escucha decir por estos días a los dirigentes ruralistas, a los opinólogos de las TV y la radio es que este conflicto “le está haciendo perder una oportunidad histórica al país”… Lo que ocultan decir es qué están pensando en hacer dinero con la crisis alimentaria mundial, con la hambruna que amenaza a más de 40 países. Son los famélicos de Burkina Fasso, de Perú, de Haití, y también entre nosotros… quienes estarían brindando esa oportunidad histórica. Creo que las fuerzas de izquierda, los sectores progresistas, los movimientos sociales en general deben frente a esto plantar una bandera ética y moral. No aceptamos que el hambre sea una oportunidad.
3. ¿Qué perspectivas ve para el conflicto ahora?
Lo veo como empantanado, está trabado y se han incorporado nuevos actores como los dueños de los camiones cerealeros que mantienen los cortes y amenazan con desabastecimiento. El gobierno está frente a la disyuntiva si reprime o no, pero lo cierto es diversas expresiones de la sociedad están pidiendo liberar las rutas.
La sensación térmica es de un gran caos, pero al mismo tiempo pareciera que el gobierno va imponiendo sus condiciones pero la represión en Gualeguaychú ha relanzado la resistencia del campo con características de pueblada y el final es abierto. Por otra parte el gobierno pagará costos políticos, veremos cómo se expresa esto más adelante.
Hay si un primer resultado interesante, la dureza del conflicto obligó al gobierno a darle una asignación específica a estas nuevas retenciones. A aplicarlas a obras públicas, hospitales, carreteras, viviendas populares. Y la distribución de la riqueza está en el tapete. Esto no estaba en la agenda ni del gobierno ni de la derecha.
4. El miércoles 11 se realizó una reunión convocada en base al documento mencionado. ¿Qué repercusión tuvo la convocatoria y qué propuestas surgieron de allí?
Nos decidimos a lanzar esa convocatoria ante la ausencia de la voz de los trabajadores y sectores populares en este conflicto, y también ante diversas evidencias de que sectores de la clase obrera sienten simpatías por la lucha del “campo” sin comprender que lesionan sus propios intereses. Es un hecho objetivo que nos impone desarrollar argumentos que levanten el velo sobre los verdaderos intereses de clase en juego.
Al igual que con la declaración la convocatoria tuvo una respuesta mayor a la esperada, numerosos intelectuales, periodistas, docentes, grupos de estudiantes junto con representantes de organizaciones sindicales y sociales se hicieron presentes. La fusión del pensamiento crítico y de quienes están en la acción directa ha mostrado posibilidades de un accionar superador. En esta forma de intervención hay también una diferencia con las cartas abiertas de apoyo al gobierno de grupos intelectuales que parece escriben solo para ellos.
Se acordó elaborar una nueva declaración, a partir de la anterior pero incorporando los nuevos elementos políticos que surgen de una coyuntura muy caliente, por el conflicto y por la espiral inflacionaria que está opacada pero se siente en el bolsillo de la gente. A estos efectos se designaron cinco compañeros para redactarla, quienes la presentaran en un nuevo plenario a realizarse el sábado 21 de este mes, allí se harán los ajustes que correspondan y se la dará a conocer públicamente.
Asimismo como en la reunión estaban presentes representantes de varias organizaciones que están desarrollando campañas contra el hambre y en defensa de la alimentación popular se sugirió que unificaran o centralizaran las campañas, un llamado en este sentido incluirá la nueva declaración, al mismo tiempo que se instaba a los firmantes a sumarse a esta campaña.
Como primer paso yo estoy conforme, creo ha sido una buena declaración y una buena y productiva reunión, lo que abre perspectivas a futuro, lo que no es poco para nuestra fragmentada realidad. Pero al mismo tiempo soy consciente que los principales desafíos vendrán de ahora en más. Será necesario tener mucho temple político, administrar positivamente la diversidad que albergó el encuentro, que se dejen de lado intereses particulares y se prioricen los generales, trabajar en base a consensos… Seguramente atravesaremos un período de equilibrio inestable, no será sencillo, pero creo vale la pena apostar, vale la pena militar de equilibrista.
La pulseada por la renta
Claudio Katz
El conflicto rural le ha otorgado legitimación por arriba a la acción
directa, ya que esta vez los artífices del piquete no fueron los desocupados
o los ambientalistas. Esto puede favorecer una próxima oleada de movilizaciones
sociales
El prolongado conflicto entre el ruralismo
y el gobierno ha derivado en una agobiante pugna política. El primer
bloque busca acaparar la renta agraria a costa de la mayoría popular
y el oficialismo necesita exhibir autoridad, para implantar un Pacto
Social que favorezca al conjunto de los capitalistas.
Las acciones del denominado “campo” escalaron hasta crear un clima
ingobernable y sus líderes se han envalentonado en las negociaciones.
El gobierno reaccionó con dureza, pero fracasó y quedó desconcertado.
Sufrió una erosión de electores y gobernadores, que lo indujo a buscar
una conciliación. Ahora parece inminente una nueva tregua, pero si
se logrará o no un acuerdo perdurable es una incógnita. Lo único
evidente es que el conflicto ha erosionado la cohesión que mantuvieron
las clases dominantes durante los últimos cinco años.
Causas y desencadenantes
Los ruralistas salieron a las rutas para resistir un sistema de retenciones
móviles a la exportación de soja. Pero cuestionan también los mecanismos
de impuestos y subsidios que determinan los precios de los alimentos.
Junto a la distribución de la renta se define cuánto habrá que pagar
por el pan, la leche o la carne.
Cualquier concesión al ruralismo implicaría aproximar el precio local
de esos productos a su creciente cotización mundial, agravando el encarecimiento
de la canasta básica. Este aumento tiende a revertir la disminución
del índice de pobreza, que se ubicaría actualmente en un 30,3% luego
de haber tocado el piso de 26,9 % a medidos del 2006.
El conflicto en curso forma parte de una vieja confrontación que afectó
a todos los gobiernos. Como los voceros del “campo” se consideran
propietarios de la renta natural que generan los cultivos en Argentina
han chocado con todas las administraciones, que intentaron equilibrar
el reparto de ese ingreso.
La acción ruralista ha reactualizado todos los mitos que enaltecen
a los dueños de la tierra. Se afirma que toda la población “debe
darle gracias al campo”, como si conformaran el sector laborioso que
sostiene al resto de la sociedad. Suponen que la riqueza agraria es
improductivamente redistribuida fuera de ese ámbito, mediante perversos
sistemas de clientelismo estatal.
En realidad ocurre todo lo contrario. La apropiación privada de la
renta (históricamente por los terratenientes y actualmente por sus
herederos capitalistas) ha sofocado el desarrollo industrial, perpetuado
una inserción primarizada del país en la división internacional del
trabajo. Lo que ha imposibilitado la prosperidad social es la ausencia
de medidas de nacionalizació n directa o indirecta (por vía impositiva)
de ese recurso.
La causa inmediata del conflicto ha sido la probable reducción de los
grandes beneficios que obtuvieron los ruralistas en los últimos años,
como se comprueba en el precio de la tierra o en cualquier otro índice
de las ganancias del sector [2].
Aunque persiste una favorable coyuntura comercial internacional, en
el panorma económico loca se avizoran fuertes turbulencias. Los beneficios
fáciles que siguieron a la hiper-devaluació n se han extinguido, junto
al agotamiento de la transferencia regresiva de ingresos. Se han disipado
tanto la capacidad ociosa, como los salarios formales abaratados y el
consumo demorado que predominaron entre el 2002 y el 2007. En un escenario
más difícil todos reclaman una tajada de la renta agraria. Los ruralistas
porque la consideran propia y el gobierno porque debe afrontar crecientes
gastos para sostener un modelo de subsidios a los capitalistas de la
industria y los servicios.
La república sojera
Varias semanas de conflicto han permitido conocer las trasformaciones
agrarias que impuso la reconversión a la soja. Todo el bloque ruralista
participa del modelo que desplazó a los cereales y generalizó un monocultivo,
que amenaza la soberanía alimenticia, encarece el resto de los productos
y contamina el medio ambiente. Esta transformació n ha provocado, además,
una mayor concentración de la propiedad. Solo el 20 % de los productores
controlan el 80% de circuito de la soja [3].
Tres grandes sectores controlan la elevada rentabilidad que genera esa
oleaginosa. En primer lugar, los contratistas (“Pool de siembra”)
que se nutren de fondos de inversión y operan en gran escala sobre
las tierras arrendadas. Grobocopatel, por ejemplo, es solo propietario
del 10% de las 150.000 hectáreas que explota.
Los proveedores de agroquímicos (Monsanto, Dyupont, Bayer) conforman
el segundo grupo de beneficiarios. Acaparan lucros mediante la fuerte
dependencia que tiene la producción de soja de las nuevas semillas
y fertilizantes. El tercer sector que se enriquece aceleradamente está
constituido por cinco grandes compañías exportadoras, que manejan
el 90 % de las ventas, con beneficios corrientes que superan ampliamente
los 1.000-1500 millones de dólares disputados con la introducción
de las retenciones móviles.
En esa cadena de comercializació n -que principalmente controlan Cargill,
Bunge, Dreyfus, Nidera y Aceitera General Deheza (AGD)- se procesan
los principales beneficios de la soja. El cultivo es manejado desde
la tranquera hasta el barco por un enjambre privado de acopiadores,
puertos y molinos. De esa actividad participan también los agro-financistas,
que operan mediante compras y ventas a futuro, a través de acciones
especulativas que podrían ser afectadas por las retenciones móviles,
si establecen un diagrama más previsible de evolución de los precios.
Ninguna voz del bloque ruralistas ha cuestionado este circuito capitalistas.
Despotrican contra las regulaciones oficiales, pero no han dicho una
sola palabra contra los mayores dueños de este negocio.
El sostén oficial
Tampoco el gobierno menciona a los grandes grupos de la soja, ya que
mantiene una excelente relación con sus cúpulas, especialmente con
Urquía (AGD), Grobocopatel, Elsztain y el clan Werthein. El modelo
en curso ha sido intensamente apadrinado desde el ámbito oficial y
ninguna medida que improvisaron los Kirchner para resolver la actual
disputa ha rozado los intereses de sus aliados. A lo sumo evalúan ahora
la formación de nuevos organismos para “conocer la realidad del sector”,
pero sin introducir gravámenes significativos.
Los ministros -que despliegan discursos demagógicos en defensa del
pequeño productor- han destinado durante cinco años, el grueso de
los reintegros (formalmente dirigidos a ese sector), a subsidiar a las
industrias alimenticias más concentradas. Este conglomerado acaparó,
por ejemplo, los 473 millones de dólares de compensaciones aprobadas
durante el 2007 y como no existe ningún registro de productores de
soja es un misterio como se revertirían esos privilegios. Para caracterizar
quiénes son los amigos del gobierno basta con recordar la cobranza
mínima del impuesto inmobiliario, la falta de actualización de este
gravamen (en función de la valorización de los campos) o el visto
bueno oficial al incumplimiento de los pagos de seguridad social.
Todas las preocupaciones gubernamentales se han concentrado en las retenciones,
ya que al igual que el IVA este impuesto se recauda fácilmente y no
se coparticipa con las provincias. Su recolección apunta en la actualidad
a engrosar la caja, no solo para sostener los auxilios a los empresarios,
sino especialmente para afontar un encarecimiento de los pago de deuda
externa.
Algunos defensores del gobierno elogian por sí mismas a las retenciones,
omitiendo que capturan una parte de la renta, sin redistribuirla [4].
Quiénes afirman que la iniciativa oficial sólo falló en sus tiempos
y formas de presentación, ocultan la utilización regresiva de un impuesto,
que no ha servido para mejorar sustancialmente el nivel de vida popular.
Un mecanismo regulador -que resulta indispensable para divorciar los
precios internacionales de los locales- ha sido principalmente utilizado
por el gobierno a favor de los poderosos.
Productores y explotadores
El conflicto ha ilustrado cuán obsoleto ha quedado el retrato clásico
del campo argentino, como un paisaje de latifundios improductivos y
chacareros-minifund istas. Pero en el nuevo contexto se ha instalado
la falsa imagen del pequeño productor agrario como una clase media
empobrecida. El ingreso de este grupo es reducido en comparación con
los grandes capitalistas del sector, pero no conforman un segmento agobiado
por la miseria.
Un productor chico de la región pampeana con una propiedad de cien
hectáreas (es decir una extensión minúscula para la zona) obtiene
una renta mensual de 10 mil pesos y en menos de un año su propiedad
territorial se ha valorizado en un 50%. [5]. Esta ubicación social
en gran medida explica por qué la Federación Agraria (FAA) actúa
en bloque con la Sociedad Rural.
Mantienen una sólida alianza con la entidad tradicional de los millonarios
y proponen en común la eliminación de las retenciones móviles. Ni
a Buzzi, ni a De Angeli se le ha escapado una sola palabra contra el
establishment agrario y han cajoneado los antiguos reclamos de regulación
estatal de los cereales y la carne.
Para justificar este giro han recurrido a dos planteos. Por un lado
afirman que “el gobierno no los atendió” y debieron “actuar con
las otras entidades”. Pero olvidan que también podrían haber intentado
un programa de alianzas con los trabajadores.
Por otra parte subrayan que “las bases nos han pedido una acción
coordinada”. Pero si esa demanda es cierta, ilustra cuál es el perfil
social de sus asociados, que se sienten a gusto actuando con la Sociedad
Rural. Quiénes efectivamente soportan el endeudamiento y la expoliación
en el heterogéneo universo agrario han quedado sometidos a este manejo
pro-capitalista de la Federación Agraria.
Esta actitud tiene antecedentes en las divergencias que enfrentaron
en los años 70 a la FAA con las Ligas Agrarias y en la actualidad se
manifiesta en la distancia que esa organización mantiene con agrupaciones
de los desposeídos, como el MOCASE o el Movimiento Nacional Campesino
Independiente.
Estas agrupaciones canalizan las demandas de sectores realmente oprimidos.
Expresan, por ejemplo, a las 300 mil familias campesinas desalojadas
de sus tierras en últimos 10 años por avance de la soja. También
representan a los 220 mil pequeños productores de regiones no centrales,
que son víctimas de la expansión de un cultivo que ya provocó el
desmonte de 1,1 millón de hectáreas [6].
Pero el sector más invisible que aglutina a los explotados del sector
está conformado por 1,3 millones de peones rurales. El 75% de ellos
trabaja en negro y percibe un sueldo promedio de 600 pesos, soporta
el mayor porcentaje nacional de accidentes laborales y carece de protección
social. Este segmento – no ha recibido ningún goteo de la bonanza exportadora
y su total ausencia durante el conflicto confirma el carácter pro-capitalista
de las demandas en juego.
La acción que convulsiona al campo es un lock out y no una rebelión
de oprimidos. Se ha desenvuelto como una acción patronal, con cortes
de rutas que coexisten con la continuidad de la actividad laboral tranqueras
adentro. Sus protagonistas retraen productos de la venta y especulan
con el momento oportuno de comercializar los granos o hacienda. Se guían
por cálculos de mercado y no por criterios de rebelión popular.
Aquí radica la diferencia abismal con el levantamiento del 2001. Quiénes
actúan en el agro no son desempleados, ni luchan por subsistir y quiénes
aún cacerolean a su favor en las grandes urbes forman parte de la clase
alta. Los mensajes del 2001 eran inclusivos y los actuales son excluyentes.
En ese momento los pequeños ahorristas se movilizaban contra los bancos,
mientras que ahora la clase media rural actúa ajunto a los poderosos.
Reacciones y comparaciones
La derecha se ha montado en el conflicto para reforzar el polo político
que construye desde el triunfó de Macri en Capital Federal. No solo
retoman el discurso neoliberal, sino que han resucitado también posturas
gorilas que parecían extinguidas. No ha faltado la tónica racista
que enaltece el gringo europeo de las colonias frente a los cabecitas
negros del interior. Con esta diferencia de piel reavivan el rechazo
oligárquico al “aluvión zoológico” que advirtieron en los años
50 y se han ganado el favor de los medios de comunicación, que denigran
a los piqueteros pero reivindican a los participantes en tractorazos.
Por su parte, el gobierno optó por reforzar su repliegue hacia la burocracia
sindical y el aparato justicialista, que Kirchner intenta alinear desde
Puerto Madero. Supone que podrá contrarrestar con este sostén el fracaso
del proyecto transversal y la pérdida de apoyo entre las clases medias.
Pero hasta ahora solo logró reactivar a las patotas de la construcción
y camioneros, que ya repitieron el matonaje ensayado en San Vicente.
El gran escollo de la política oficial radica en que el peronismo está
agotado como movimiento popular. Conforma una estructura para administrar
el estado, pero que ya no entusiasma a nadie. Por esta razón las marchas
oficiales son operativos rigurosamente manejados desde arriba. El complemento
de acciones contestatarias que aporta D´Elia también carece de acompañamiento
popular. Son iniciativas mayoritariamente percibidas como maniobras
monitoreadas desde la Casa Rosada.
Por momentos el choque político entre el gobierno y la derecha parece
resucitar una vieja polarización entre el peronismo y el antiperonismo,
pero esta confrontación presenta tintes más culturales que políticos
y es poco probable que renazca como un conflicto significativo.
En cualquier caso, lo importante es evitar las falsas analogías, que
algunos establecen entre la disputa con el agro y las confrontaciones
que se libran en Venezuela o Bolivia. A diferencia de Evo y Chávez,
los Kirchner han establecido una alianza con el establishment, no colisionan
con el imperialismo norteamericano, no chocan con las clases dominantes,
ni ha puesto en juego demandas populares.
Como su gobierno tampoco es nacionalista, ni ha introducido reformas
sociales, es falso asemejar el conflicto actual con el marco que rodeó
al primer peronismo. Por otra parte, salta a la vista que la amenaza
golpista solo existe para un discurso de ocasión. No hay fuerzas armadas,
ni sectores del establishment interesados en que Cristina termine como
Isabelita.
Posturas y programas
La izquierda ha intervenido en el conflicto con una variedad de posiciones,
que ha cubierto todo el espectro de alternativas posibles. La postura
más inadmisible es el sostén el lock out patronal en defensa de un
“pequeño productor”, como si perdurara un escenario de pequeños
chacareros enfrentados con los latifundistas. Este supuesto se inspira
en una fotografía congelada del pasado.
Por otra parte, la idealización de cualquier lucha con perfiles de
auto-convocatoria ha conducido a perder la brújula, en la caracterizació
n de los protagonistas y las peticiones en debate. Esta ceguera se alimenta
de una falsa analogía con las cacerolas del 2001 y en el desconocimiento
del papel reaccionario que pueden adoptar (en algunas circunstancias)
las movilizaciones de la clase media (como ocurrió con los camioneros
de Chile bajo Allende o con los estudiantes de Venezuela en la actualidad).
La incapacidad para registrar los conflictos de Kichner con la derecha
y la obsesión por ubicar al gobierno como enemigo principal conduce
a compartir los espectros mediáticos y las acciones prácticas con
figuras de la reacción.
Un error simétrico se verifica entre quiénes apoyan al gobierno, aceptando
el argumento de la escalada golpista (denunciada como una “acción
destituyente”). En este caso se focalizan las críticas en los ruralistas
y en los medios de comunicación, omitiendo denunciar la evidente complicidad
de los Kirchner con las corporaciones de la soja. Se presenta al gobierno
como una víctima, olvidando que ha sido artífice de la política agraria
regresiva que precipitó el conflicto.
Es evidente que ningún argumento tradicional para aprobar al oficialismo
(“mal menor”, “adversidad de la correlación de fuerzas”, “peligro
de un retorno neoliberal”) alcanza para disimular la connivencia oficial
con el capitalismo sojero. A pesar de esta evidencia, el resurgimiento
de la derecha impulsa a algunos intelectuales a participar de una segunda
oleada de cooptación kirchnerista.
La creencia que se debe tomar posición a favor de los ruralistas o
el gobierno plantea una disyuntiva completamente falsa. Resulta perfectamente
posible denunciar el lock out, sin apoyar al oficialismo y es conveniente
explicar por que razón las retenciones son necesarias con modalidades
muy distintas a su instrumentació n actual.
Hay otro camino para superar la crisis con programas alternativos, que
han sido ya formulados por varias corrientes e intelectuales de izquierda.
El punto de partida es un plan agrario para frenar la omnipresencia
de la soja, recuperar la diversidad de cultivos, asegurar la soberanía
alimenticia y facilitar la baratura de lo alimentos.
Pero el papel regulador del estado no puede limitarse a una administració
n de retenciones diferenciadas, regionalizadas y coparticipables. Esta
intervención debe apuntar al control integral del circuito de producción
y comercializació n agraria por medio del monopolio estatal del comercio
exterior y la nacionalizació n de las grandes corporaciones de exportadores,
comercializadores y pools de siembra. Esta transformació n debería
ser acompañada por una modificación radical de la propiedad en el
campo, introduciendo impuestos progresivos y erradicando las condiciones
de explotación del trabajador rural. Lo inmediato es derogar la ley
de dictadura que rige las actividades de este sector.
Pero no alcanza con enunciar un paquete de medidas formalmente correcto
si no encuentra la manera de difundirlo en forma apropiada, estableciendo
vínculos con el conflicto real que opone a los ruralistas con el gobierno.
La tentación abstencionista de declararse al margen de este choque
pude convertir al mejor programa en un papel carente de influencia.
No basta acertar con la respuesta. También hay saber exponerla, buscando
conformar una tercera opción, en un momento de fatiga de la población
con las maniobras ruralistas y las contramarchas oficiales.
El panorama actual podría cambiar si un programa popular de transformació
n del agro empalma con la reactivación de la protesta social. Hay un
nuevo dato a favor de esta confluencia. El conflicto rural le ha otorgado
legitimación por arriba a la acción directa, ya que esta vez los artífices
del piquete no fueron los desocupados, los estudiantes, los obreros
o los ambientalistas, sino los propios beneficiarios del modelo. Este
elemento puede favorecer el desarrollo de una próxima oleada de movilizaciones
sociales.
Notas
[1] Economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas
de Izquierda). Su página web es: http://katz. lahaine.org
[2] El precio de la hectárea en Pergamino se elevó 132% entre el 2003
y el 2007 y las cotizaciones en la Pampa Húmeda superan a sus equivalentes
de Estados Unidos. En zona triguera el precio de la tierra es cuatro
veces y media superior al vigente en 1995, dos veces y media, el promedio
de los últimos 10 años y casi el doble de la época de Lavagna. Como
resultado directo de la devaluación se consumaron aumentos de precios
para los productos agrícolas, que desde 2005 oscilan entre 80% 30%
y15% (maíz, trigo y soja). La renta agraria obtenida sólo durante
la campaña 2003-04 equivale a la obtenida en entre 1992 y 1996 y es
más del doble de la conseguida entre 1997-2001. (Página 12, 14-7-07,
6-4-08, 5-8-07, 6-8-07)
[3] En las últimas cosechas la soja ya ocupó el 60 % de la tierra
sembrada. Desplazó al trigo, al girasol y generó una caída del arroz,
la avena y el centeno, afectando también a la fruticultura y horticultura.
Como se siembra el tipo RR con glifosato su impacto sobre la contaminación
ha sido reiteradamente denunciada por los especialistas. El tamaño
medio de las explotaciones agropecuarias pasó de 469 hectáreas (1988)
a 588 (2002) en un cálculo que subestima el nivel de concentración,
ya que los mismos propietarios poseen más de una unidad (Página 12,
6-4-08, 20-4-08).
[4] Es el caso de Humberto Tumini: “Los aciertos y los errores”,
Página 12, 6-4-08.
[5] Página 12, 12-5-08.
[6]Diversas informaciones sobre esta realidad han sido expuestas en
las últimas semanas por artículos aparecidos en Página 12 (11-4-04,
25-4-08, 17-4-08).
OTRO CAMINO PARA SUPERAR LA CRISIS 