¡DAR VOZ A LOS QUE MENOS TIENEN!

¡Sí a las retenciones pero que sirvan para eliminar el IVA a los alimentos y productos de primera necesidad y para aumentar el salario mínimo, las jubilaciones y los planes a los desocupados!

¡Por una Junta Nacional de Granos y un plan social de regulación del abastecimiento, del uso de la tierra y de los recursos naturales!

¡Por una canasta familiar completa, de calidad y de bajo costo!

El capital financiero internacional se ha apoderado de la producción rural y provoca a escala mundial una enorme carestía de los alimentos y, como consecuencia, hambrunas y motines del hambre. Ese mismo capital financiero y las grandes compañías transnacionales y exportadores de soja quieren sustituir la producción de alimentos en la Argentina y otros países exportadores por la producción de forrajes y combustibles vegetales, para que Estados Unidos y Europa occidental tengan el monopolio de la producción de alimentos y pongan al resto del mundo bajo su bota, utilizando el arma alimentaria.

El capital financiero, la burguesía terrateniente ligada a él y los sectores de ex arrendatarios y pequeños propietarios transformados por la soja en rentistas, se han sumado a esa política. Para ellos, lo único que cuenta es la ganancia y no el uso social de la producción, las necesidades de la gente, el interés de la mayoría, es decir, del país.

Quieren vender lo más caro posible, su bandera es la ganancia, el egoísmo extremo y por eso no vacilaron en derramar millones de litros de leche o en provocar desabastecimiento y carestía y no dudan en amenazar la siembra de trigo y de maíz y la cría de ganado, especulando con las necesidades alimentarias de las mayorías. La misma gente que hace trabajar en negro a los peones rurales y no les da ropa de trabajo, se niega a pagar un impuesto a sus ganancias extraordinarias con la soja.

Moviliza para eso la cultura conservadora y gorila y el odio racista a los “negros” de vastos sectores de las clases medias, al mismo tiempo que la protesta legítima de sectores más pobres contra la actitud autoritaria del gobierno. Puede hacerlo porque éste, aunque tiene mayoría absoluta en el Parlamento, lo ignora y decreta alegremente sin discusión previa ni transparencia, poniendo además en un mismo plano a los grandes sojeros y a los pequeños productores de las provincias más desventajadas mientras regala la renta petrolera a las empresas extranjeras, no cobra nada a las mineras, no toca las ganancias financieras ni a las grandes empresas transnacionales exportadoras de granos.

El bloque capitalista agrario tiene a su servicio la casi totalidad de los diarios y los canales televisivos, que desinforman, intoxican, mienten y fomentan la ignorancia. La disputa de fondo es si la Argentina debe ser un país para el 20 por ciento más rico de su población, dejando el resto en la desocupación y la pobreza, como en los ’90, o si hay que defender el poder adquisitivo de las mayorías, asegurando trabajo y alimentos baratos y de buena calidad para todos, exportando lo que sobre después de abastecer el mercado interno en todos los rincones del país.

La disputa es cada vez más sobre si las políticas económicas y las leyes las deben hacer unos pocos grupos de intereses, a espaldas de todos y contra todos, o deben hacerse en los organismos estatales fijados por la Constitución Por eso exigen del Estado que se rinda y anule las retenciones.

El modelo sojero fue impulsado y fomentado por las administraciones kirchneristas. El gobierno ha contado con la soja para pagar una deuda interna creciente, con intereses ligados a la inflación (por eso el INDEC da cifras falsas, para esconderla), dejó que la soja se extendiese por todo el Norte y arruinase en todas partes los suelos y se “comiese” campesinos, pueblos, cultivos alimentarios, el ganado. No es cierto que pensaba en la redistribución de la riqueza: tuvieron que pasar más de dos meses de cortes y de desabastecimiento urbano para que la presidenta improvisase un destino para las retenciones y un mes más para que se viese obligada a mandar su decreto al Parlamento, que controla pero donde no quiere que se discuta porque de todos modos se filtrará ahí la presión popular y algún diputado podría denunciar negociados o complicidades y formular proyectos, como la creación de una Junta de Granos u otros, que vayan más lejos de lo que quiere el gobierno y lo obligue a chocar con el capital y las transnacionales apoyadas por Washington.

Por eso la mayoría de la población no está convencida de lo que dice el gobierno ni está segura que las retenciones serán aplicadas para hacer hospitales, viviendas populares y caminos sin que surjan clientelismos ni aparezcan fenómenos de corrupción porque ve que los hospitales ya existentes carecen de instrumentos, las escuelas no tienen gas y están en pésimas condiciones, los ferrocarriles caen a pedazos mientras va adelante el escandaloso proyecto del Tren Bala para unos pocos y para el capitalismo francés.

Además ven la suavidad el trato de la gendarmería a los piquetes rurales que hambreaban al país, en contraste con la brutal represión y el apaleo de pobres de La Quiaca por el gobernador opficialista de Jujuy. No se trata, por consiguiente, de un choque entre “la reacción” (aunque el bloque rural sea reaccionario) y un gobierno supuestamente “progresista” (aunque el principio de las retenciones sea correcto). Ambos defienden distintos proyectos capitalistas, pero ni es igual para las mayorías que gane uno u otro ni los trabajadores pueden permanecer ajenos a un conflicto donde ellos pagan los costos y donde está en juego no sólo su alimentación y su nivel de vida sino también y sobre todo el destino del país.

Por eso los trabajadores y la mayoría no capitalista de la población debemos discutir y resolver en asambleas, en las fábricas y lugares de trabajo, en los centros de estudio, en los barrios la imposición de medidas de salvaguardia de nuestros intereses y de control de las políticas de abastecimiento.

Aplicación de la Ley de Abastecimiento que permite fijar y controlar los precios y establece duras sanciones para los que pretendan dejarla sin efecto.

Cambiar la orientación del sistema impositivo, que ahora se basa en los impuestos indirectos –como el IVA – a los consumos masivos y hace que paguen más, proporcionalmente, los que menos tienen y gastan casi todos sus ingresos en alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Hay que eliminar el IVA sobre esos rubros y el impuesto sobre los salarios, que no son ganancia sino magra retribución del trabajo productivo, destinando las retenciones a las rentas extraordinarias y los impuestos que hay que poner a la minería, a los petroleros, a los financieros, a las grandes ganancias, para aumentar el salario mínimo y las jubilaciones y dar trabajo a los aún desocupados. Para una canasta familiar de con productos de calidad ya bajo costo.

Regular la producción según las necesidades del consumo popular mediante una Junta Reguladora de Granos que dé al Estado, y no a las transnacionales sojeras, el control de las rentas extraordinarias.

Elaborar un plan independiente, obrero y popular de desarrollo del país.

Por esto convocamos a todos a preparar un Plenario Nacional, abierto y pluralista, donde los trabajadores y sectores populares comiencen a discutir cómo tomar en sus manos su propio destino.

Otro camino para superar la crisis

Otro camino para superar la crisis/2

1. Han pasado más de cien días desde que las cuatro federaciones agrarias (SR, CRA, CONINAGRO y FAA), con su lockout, iniciaran una crisis de excepcional envergadura y nos transformara a la inmensa mayoría de los argentinos en rehenes de sus propios reclamos. No obstante que el gobierno concediera gran parte de estos, la presión corporativa se traslada ahora al Congreso.
Pero mientras la rebelión sojera nos condenaba al desabastecimiento, la aceleración inflacionaria, la parálisis de la producción industrial, la suspensión y el despido de trabajadores producía también un formidable derroche de productos alimenticios. Millones de argentinos contemplaron por TV el derrame de otros tantos millones de litros de leche. Sin embargo, lo que no se pudo ver es que, mientras se decía que se paralizaba la exportación, ésta continuaba y aumentaba. El total de exportaciones de granos, oleaginosas y subproductos alcanzó entre enero y mayo de este año casi 10.400 millones de dólares, 63% más que los 6.371 millones del mismo período el año pasado.
Sin embargo, lo que comenzó como una disputa por la renta entre “campo” y “gobierno” se transformó en un choque político por la orientación general del país y el completo manejo del Estado. Mientras el gobierno intenta contener la vertiginosa licuación de su autoridad política y su función propia al frente del mismo, el bloque ruralista busca potenciar ese desgaste, canalizando las aspiraciones ultraliberales de toda la derecha. La revuelta sojera ha obtenido el sostén activo de gran parte de los sectores medios, sobre todo del interior, en medida mucho mayor al que consiguiera Blumberg y ha instalado un ambiente de hostilidad racista hacia las tradiciones populares y las conquistas democráticas, que produce el rebrote de una cultura gorila basada en la épica del bolsillo.
Este “movimiento social” reaccionario, sostenido por la propaganda de los grandes medios masivos, que alimentan la ignorancia y el individualismo corrientes, reclama la completa rendición del Estado al principal reclamo corporativo: la anulación de las retenciones móviles. Para la burguesía sojera, el hambre mundial de más de 1.000 millones de seres humanos implica la oportunidad de un negocio multimillonario, sobre el que se abalanza aun a costa del hambre nativo.
No se puede ignorar que es el propio modelo sojero, que desde la década pasada contó con el impulso de todos los gobiernos, el que ha metido a todo el pueblo argentino en esta encerrona. No se puede ignorar que la administración kirchnerista lo multiplicó, aprovechando el crecimiento de los precios internacionales para empujar el aumento del PBI a “tasas chinas” y, de paso, hacer “caja” para pagar los vencimientos de la deuda, prevenirse contra la crisis financiera mundial, subsidiar a las empresas de transporte y servicios privatizadas y someter a los regímenes provinciales al poder político central. Sólo a último momento, y frente a la situación de conflicto, el gobierno “descubre” que el mecanismo de las retenciones podría servir para la redistribución social de la renta y que el monocultivo sojero, además de ampliar la frontera agraria capitalista y empujar a la mayor marginalidad al campesinado tradicional, familiar y comunitario, arrincona a otras producciones agrarias destinadas al consumo alimentario típico de nuestro pueblo. Que con la utilización del paquete tecnológico de transgénicos y agrotóxicos se degrada la tierra, la biodiversidad y la salud de millones de hombres, mujeres y niños del pueblo.
Pero no es contra esos fenómenos político-económico-sociales, ni a favor de la redistribución de la renta, que se dirige la revuelta reaccionaria. Las pequeñas y medianas empresas agrarias capitalistas, en gran parte conformadas por propietarios que alquilan sus tierras a pools de siembra y grandes sociedades anónimas, no piden la reducción de los alquileres, como sus antepasados del Grito de Alcorta. No reclaman contra la intermediación privada parasitaria, ni contra los monopolios exportadores que se llevan la parte del león en esta disputa, ni contra la industria de semillas y agroquímicos como Monsanto. En su reduccionismo, atacan la función del Estado de fijar gravámenes y establecer regulaciones económicas y sociales.

2. Por su propia política, el gobierno se ha condenado a la impotencia. Ensayó todos los caminos para desarticular la protesta y fracasó, hasta ahora, en todos sus intentos. Perdió sustento social entre las capas medias del interior y se redobló su orfandad en los segmentos urbanos, incluidos los trabajadores y las capas más populares afectadas por la inflación, que serán las principales víctimas en caso de imponerse por completo la rebelión agraria. Lo que es peor para el gobierno, se ha erosionado su liderazgo frente al mismo aparato justicialista.
Sus propios compromisos con la gran burguesía industrial y rural transnacionalizadas y el corrupto aparato justicialista, con la evasión multimillonaria de los puertos privados y las ganancias mayúsculas de los seis grandes exportadores, le impidieron buscar alianzas con los sectores pobres del campo y lo indujeron a descalificar en bloque a todos los descontentos que nutrieron los “piquetes de la abundancia” y las “cacerolas de teflón”.
Las acusaciones gubernamentales contra los ruralistas no alcanzan suficiente auditorio social porque no ha puesto en marcha ninguna medida efectiva para la redistribución del ingreso y persisten los fuertes impuestos para el consumo popular. La “sensación térmica” social (que es mucho más acertada que los mentirosos índices del INDEC) es que se han agravado la inflación, la pobreza, la miseria y la desigualdad social. Mientras se deteriora cada vez más el transporte ferroviario de pasajeros y cargas, se ha embarcado en un proyecto faraónico y corrupto, notoriamente antipopular, como el del Tren Bala. Y en medio del conflicto agrario el gobierno anuncia un plan de hospitales, viviendas y caminos rurales financiados con la renta excedentaria, aunque nada se dice sobre el equipamiento de personal, insumos, medicamentos y aparatos a los hospitales realmente existentes, ni sobre la recomposición estructural y salarial de las escuelas públicas.
Mientras tanto, se evidencia el doble discurso oficial y mediático frente a los cortes de ruta. Mientras la TV se llenaba de transmisiones que difundían cada estornudo de los ruralistas y de los propietarios de camiones y se escandalizaba porque los gendarmes mostraban el abdomen de Alfredo De Angeli, una verdadera masa de empobrecidos era brutalmente apaleada por el gobernador oficialista de Jujuy, sin despertar casi ningún comentario de los medios ni la menor condena del gobierno central o de los rebeldes agrarios.

3. Entendemos que existe otro camino para superar esta crisis económica, social y política. Empezando por la forma de caracterizarla.
Partimos de la comprensión de que el capital financiero internacional se ha apoderado de la agricultura y pretende convertir a nuestro país en un mero proveedor de forrajes. Para nosotros, no se trata simplemente de la trasnochada oposición entre “oligarquía terrateniente” y “gobierno nacional y popular”. La primera hace décadas que ha sido sustituida por grandes sociedades anónimas transnacionales, inversores en pools de siembra y propietarios rentistas. Estos últimos son los principales animadores de la rebelión sojera. El segundo simplemente se reduce, como vimos, a un discurso.
Tampoco se trata de una pugna entre “pequeños” (o “pequeños y medianos”) agricultores y gobierno “K”. Tales agricultores hoy están atados, en su mayor parte, a la renta que les proporciona el modelo sojero, ya sea por la producción de sus propios campos o por los arrendamientos que cobran en virtud de él.
Menos aún se trata de una acción golpista o destituyente. Se trata sí de una pugna intercapitalista a la cual no podemos ser indiferentes. No soportamos el falso neutralismo que nos convierte en espectadores de una crisis y sepulta cualquier posibilidad de intervención política que permita construir una salida favorable a los intereses de las mayorías.
Nos ubicamos firme y explícitamente contra la agresión neoliberal. Creemos que hay algo mucho peor para los trabajadores y el pueblo que la “anarquía revolucionaria”, y ello es la “anarquía reaccionaria”. Al mismo tiempo, no aplaudimos una política oficial que no ha hecho más que pavimentar el sendero de los enemigos del pueblo.
Los intereses de la gran mayoría de la población nacional están muy involucrados en cuánto costarán la leche, el pan y la carne y si dispondrán o no de ellos. Los ruralistas pretenden que, frente a la gran demanda internacional, la especulación financiera y el destino a agrocombustibles del maíz, el azúcar, la soja, etc., que eleva brutalmente los precios internacionales, dichos precios se impongan también aquí.
Mientras no se disponga de otras políticas como la fijación de precios internos por organismos como las disueltas Juntas Nacionales de Carnes y de Granos y el control de las ventas externas y sus ingresos por un organismo estatal de comercio exterior, no habrá otros mecanismos mejores que las retenciones para controlar los precios locales de los alimentos y su abastecimiento regular. Estas necesariamente deben ser móviles, para acompañar el crecimiento constante y prolongado de los precios mundiales. Más aún: no sólo deben aplicarse a la soja, los granos y la carne, sino también al petróleo y sus derivados, y a todas las rentas extraordinarias.
Como lo demuestra la experiencia de la década pasada, la privatización de las principales empresas productoras y de servicios produjo mucho más daño que su manejo por el Estado burgués. Lo mismo sucede hoy con los impuestos a las rentas extraordinarias del agro, que el gobierno aumenta y la rebelión del bloque agrario busca eliminar.

4. A partir de estos criterios, creemos indispensable que se geste un nuevo polo de intervención en la crisis, que abra las compuertas a la expresión de las mayorías populares. En la medida que el lockout sojero precipita la desaceleración económica que el gobierno pretendía evitar, es indispensable tomar medidas de emergencia para proteger las fuentes de trabajo y los ingresos populares frente a la inflación, la falta de combustibles y el desabastecimiento de alimentos e insumos industriales.
Proponemos la adopción de acciones contundentes contra quienes especulan o destruyen la comida que necesitan las familias. Se debe restablecer la vigencia plena y aplicar integralmente la Ley de Abastecimiento, que permite la fijación de precios internos, mínimos y máximos, autoriza la intervención estatal e incluso la expropiación de las empresas que violen sus disposiciones y penaliza severamente a sus violadores. Y ejecutarla en toda la cadena de producción, elaboración, distribución y comercialización.
La redistribución social del ingreso nacional no sólo se necesita y es posible ahora, si no que ya lo era antes. Los enormes superávit fiscal y comercial externo acumulados, que hasta ahora se asignaron a otros destinos, alcanzan perfectamente para un aumento general del salario mínimo, vital y móvil hasta 1.500 pesos; para incluir a los trabajadores precarizados (al par que se los hace ingresar efectivamente a la regularización laboral); para establecer definitivamente la movilidad de jubilaciones y pensiones; para quintuplicar, como mínimo, las asignaciones miserables a los desocupados; y para ajustar por lo menos trimestralmente todas las remuneraciones a la inflación real.
La apropiación privada de la tierra y su renta, ordinaria y extraordinaria, antes en manos de los terratenientes tradicionales y hoy en las del capitalismo transnacionalizado y meramente rentista o especulador, históricamente sofocó el desarrollo industrial, perpetuó y perpetúa la inserción primarizada del país en la división internacional del trabajo. La ausencia de medidas de nacionalización de esos recursos continuará bloqueando la creación masiva de empleo y la mejora del nivel de vida popular.
Es indispensable en lo inmediato eliminar el gravamen del IVA para todos los productos alimentarios, medicamentos y de primera necesidad, al tiempo que garantizar la calidad de estos. En materia de reforma tributaria, se impone también eliminar las exenciones impositivas de que gozan, por ejemplo, los pools de siembra, las empresas mineras y las operaciones financieras. Al mismo tiempo que perseguir consecuentemente la elusión y evasión del impuesto inmobiliario rural, aumentando las alícuotas de éste, muy inferiores a los de los inmuebles urbanos, conforme a la valorización de la tierra.
Como lo ha tenido que admitir el propio gobierno, las retenciones también sirven para desalentar el monocultivo sojero (una de las tantas formas que asume el productivismo y el consumismo depredadores y barbarizantes del capital) y disminuir el precio de los arrendamientos, que se pactan en base al del poroto. Pero de poco sirven al respecto si al mismo tiempo no se implementa un plan agrario que recomponga la producción de todos los cultivos desplazados, la ganadería y producción lechera; que paralice los desmontes y los desalojos; que favorezca la titularización y cooperativización de las tierras campesinas; que promueva la producción orgánica y familiar; que elimine el monopolio semillero de la industria biotecnológica, así como la producción de transgénicos y agrotóxicos; y que, en definitiva, defienda la soberanía alimentaria.
El campesinado y los pueblos originarios, junto a más de un millón de peones rurales completamente precarizados, sometidos, junto a sus hijos pequeños, a la superexplotación de los “productores” capitalistas y sin defensa alguna de un sindicato superburocratizado, conforman la verdadera “pata rural” de un potencialmente vasto movimiento social que debe intervenir políticamente en esta crisis para hacer pesar los intereses de la mayoría nacional. Se impone la inmediata derogación de la ley de la última dictadura que rige el trabajo rural, el blanqueo de la situación laboral de todos los peones y el establecimiento de un salario mínimo equivalente al de los trabajadores urbanos.
Nuestro país es productor potencial de alimentos para 400 millones de personas por año. Decimos potencial puesto que la soja transgénica, que ocupa hoy más de la mitad de la tierra cultivada, sólo sirve para alimentar, en un 95%, al ganado y los automóviles de las potencias capitalistas emergentes; mientras se desarrolla en el mundo una crisis alimentaria feroz y la Argentina mantiene en su interior más de dos millones de desnutridos.
Nuestro país no sólo tiene la capacidad de eliminar de inmediato la subalimentación interna, sino que puede convertirse en un actor importante en la erradicación del modelo capitalista que pone en peligro la supervivencia de 1.300 millones de seres humanos. Puede también incidir en la construcción de mecanismos de seguridad alimentaria regional y mundial que garanticen la estabilización de los precios, la regulación de la producción y los abastecimientos y una suspensión inmediata en la producción de agro-combustibles. Para estos objetivos, entendemos que debe promoverse la soberanía alimentaria como un derecho inalienable de los pueblos, que nos permita recuperar el control sobre la agricultura y los alimentos, y ponga fin a la escandalosa fijación de precios por los especuladores bursátiles.
Poner fin a la rebelión sojera para favorecer los intereses populares contribuirá también a gestar un programa solidario de proyección global.

5. Pero este camino exige discutir lo importante, socializar el debate por fuera de las instituciones y poner en el centro de la agenda nacional un programa popular de transformaciones. Para contrarrestar la demagogia derechista del bloque ruralista y la complicidad del oficialismo, que agravan una crisis desgarradora, hay que poner en pie otra voz y otra alternativa.
Toca a la responsabilidad de los militantes, agrupaciones y sindicatos que pretenden expresar las necesidades y los intereses de los trabajadores: ocupados, precarizados y desocupados, urbanos y rurales; a los movimientos campesinos y de pueblos originarios; a las organizaciones y movimientos sociales populares, sus conductores y dirigentes, el poner en marcha, unitaria y enérgicamente, las acciones propagandísticas y agitativas necesarias para derrotar a la reacción y reivindicar la satisfacción de las necesidades populares.
Al mismo tiempo, todos juntos debemos emprender la tarea de debatir con el pueblo qué es lo que se produce; cómo se produce; quiénes y en beneficio de quiénes se produce, distribuye, comercializa y consume; quiénes determinan los precios de las mercancías y a quienes beneficia y perjudica el funcionamiento de la economía capitalista. Del mismo modo, emprender la tarea colectiva de debatir y consensuar un programa que ayude a poner fin realmente a la zozobra de las crisis capitalistas, y al sistema mismo.
La única salida realista de la crisis es ir por más, sumando las voluntades de quienes queremos transformar de raíz nuestra sociedad. Ese es el propósito de nuestra segunda convocatoria a construir Otro camino para superar la crisis.

Otro camino para superar la crisis

OTRO CAMINO PARA SUPERAR LA CRISIS

Desde el 11 de marzo, cuando el gobierno nacional tomó la decisión de aumentar las retenciones y hacerlas móviles en función de los precios internacionales, escaló un conflicto que ha concluido instalando una polarización política entre el gobierno y las entidades del campo. No es verdad que tengamos que aceptar a libro cerrado los argumentos y las propuestas de ambos sectores, como si no hubiera propuestas y medidas superadoras.

Detrás de las demandas de eliminación de las retenciones móviles, las entidades del campo han enarbolado un programa de liberalización del mercado exportador de alimentos, con el fin del acaparar el máximo posible de las rentas extraordinarias, mientras difunden el planteo ideológico que el Estado no debe meterse con los negocios privados.

Bajo la cobertura de un falso federalismo se promueve una plataforma de medidas afín a los intereses del agro-negocio y la Sociedad Rural, con el acompañamiento y la fuerza social de los pequeños productores que han quedado entrampados en un lock-out agrario que favorece a los grandes capitalistas del sector y apunta a crear las condiciones favorables a una restauración neoliberal.

Las clases propietarias y los grupos agrarios más concentrados no toleran siquiera una tibia e inconsecuente regulación estatal y distribución de renta, enarbolando sus intereses privados y su ganancia creciente por sobre la alimentación, el salario, la educación y la salud de todo el pueblo argentino. Hoy el campo acumula superganancias que no se encuentran en ninguna otra rama de la producción. Esa situación impar es la que permitió batir records año tras año, incluso a costa de desplazar de sus tierras ancestrales a los campesinos pobres del norte argentino y de las condiciones laborales precarias e irregulares de más de un millón de peones rurales.

La derecha cuestiona las retenciones móviles en tanto mecanismo regulador que permite divorciar los precios internacionales de los locales y amortiguar el impacto inflacionario de un encarecimiento de las exportaciones. El lock-out se ha transformado también en una trinchera política desde donde promueven regresivamente el retorno al período previo al 2001.

Los cacerolazos que hemos visto en la Capital y otros centros urbanos, pese a su heterogeneidad inicial, se han ido configurando en la antítesis de la rebelión del 2001, motorizados por sectores altos de la sociedad, muchos de ellos rentistas, y por la oposición de derecha que ya se había manifestado en las elecciones legislativas y en las presidenciales de octubre pasado.

La mayoría de los medios de comunicación, grandes grupos concentrados que detentan el poder comunicacional y el cuasi monopolio de la palabra y la imagen, han jugado un rol protagónico como aglutinantes de una derecha invertebrada, distorsionando la realidad, creando una atmósfera política artificial y una opinión popular ficticia.

La principal preocupación del gobierno frente al lock-out ha sido reafirmar su autoridad política frente a un desafío sectorial que rompe el equilibrio de alianzas que ha sostenido su gestión, desde el inicio se ha apoyado en el modelo sojero que ahora cuestiona. Recurrió a todas las variantes posibles: discursos agresivos y contemporizadores, amenazas y negociaciones y ha quedado políticamente debilitado. Incapacidad política y errores de implementación técnica unificaron el campo opositor y le hicieron perder aliados naturales.

Profundizó este esquema con el consiguiente desplazamiento de productores, afectando la soberanía alimentaria, fortaleciendo los “pools” de siembra y los grupos exportadores (Dreyfus, Cargill, Nidera, Bayer…), permitiendo la escandalosa apropiación diferencial entre los impuestos pagados por los productores y lo realmente ingresado a las arcas del Estado. No casualmente estos grupos económicos no han sido casi mencionados en la crisis actual ni por el gobierno ni por las entidades del campo.

El gobierno tampoco cambió la estructura tributaria regresiva, ni adoptó ninguna iniciativa para recuperar el patrimonio nacional rematado durante el menemismo.

A pesar de las fenomenales tasas de crecimiento del actual ciclo económico, de la fuerte creación de empleo y de la recuperación salarial, persisten la segmentación y la precarización en el mercado de trabajo, se conservan muchas de las peores leyes laborales de los ’90, e incluso de la dictadura como la de los peones rurales. Al no adoptar medidas para modificar efectivamente la distribución del ingreso la brecha entre ricos y pobres continúa ensanchándose.

La políticas en curso no pueden asegurar, ni tampoco se lo proponen, la reconstrucción de un sistema de transporte ferroviario barato y ecológicamente sustentable, aunque se proyecta un “tren bala” que nos vuelve dependientes de tecnologías que no poseemos, que es inservible para el transporte de cargas y que solo podrá ser utilizado por una elite de pasajeros de altos ingresos.

Argentina posee el raro privilegio de ser el único país que enajenó su renta petrolera y, a contrapelo de las tendencias latinoamericanas -Bolivia, Ecuador Venezuela-, no hay proyecto alguno para recuperarla, por el contrario asistimos a la profundización de la política menemista en materia de hidrocarburos. Lo mismo sucede con las empresas privatizadas de servicios públicos y la generación y distribución de energía. Los grupos de medios de comunicación hoy denunciados por su papel en la crisis son los mismos que ayer fueron beneficiados con la renovación de las licencias, basados en la ley de radiodifusión de la época de la última dictadura militar.

Debajo de toda la parafernalia de acusaciones cruzadas se advierten divergencias al interior del bloque de las clases dominantes: mientras los sectores agro financieros tradicionales exigen darle prioridad a un proceso de acumulación basado en la exportación de bienes primarios y son indiferentes al consumo y el mercado interno, los sectores industriales, al contrario, aspiran a liderar dicho proceso con apoyo subordinado del sector agroindustrial.

Cómo se resuelva esta disputa no resulta ocioso ni indiferente para el movimiento obrero y las clases subalternas, como tampoco lo es la intervención estatal, aún a sabiendas que lo más probable sea un acuerdo donde el modelo primario-extractivo-exportador no será modificado sustancialmente, con las consecuencias sociales y ambientales y el tipo de desarrollo que lleva implícitas, lo que exige desarrollar por parte de todo el movimiento popular, un planteo de transformaciones profundas más allá de dichos acuerdos.

No puede haber neutralidad ante la amenaza de que la derecha logre parte de sus demandas y coloque sobre la agenda futura su programa de restauración neoliberal. Una liberalización de las exportaciones como demandan los ruralistas y los ideólogos del establishment dispararía los precios de los alimentos con el consiguiente efecto sobre los salarios reales de los trabajadores y las condiciones de vida y existencia de las clases populares.

Rechazamos enérgica y categóricamente su chantaje y defendemos el derecho del gobierno a implementar retenciones móviles y cupos de exportación. Pero sostenemos que el curso que ha tomado hasta el día de hoy lejos de ser una palanca para iniciar un cambio efectivo del modelo, cohabita con él, favorece a los grandes propietarios y “pool” sojeros y a los grandes exportadores, mientras afecta a su propia base popular al mostrarse impotente para un control eficaz de la inflación.

Los abajo firmantes pretendemos contribuir a cambiar los ejes del debate y discutir soluciones populares efectivas para el agro.

Sin que sea una enumeración taxativa:

Creemos necesario afectar las ganancias de los grandes propietarios, los grupos exportadores, comercializadores y “pool” de siembra, que se quedan con el grueso de los beneficios. También comenzar a discutir la nacionalización de varios segmentos de estos sectores

Elaborar un plan agrario que permita organizar la producción de acuerdo a un programa racional que permita contar con alimentos baratos y de calidad para todo el pueblo. Que contemple una política de fomento a los pequeños campesinos y de garantía de sus tierras, así como medidas protectoras del ambiente y una política de estatización de los insumos de los productores medianos y pequeños y de impuestos diferenciados según el tamaño de sus exportaciones.

Regular el comercio exterior y los precios mediante una junta nacional de granos y carnes, adoptar una clara reforma fiscal desgravando las cargas tributarias al consumo, modificando las alícuotas del impuesto inmobiliario y a las ganancias.

Eliminación del IVA de los productos esenciales en el consumo popular y aplicación efectiva de la Ley de Abastecimiento.

Es imperioso derogar la ley de Videla del peón rural y garantizar el blanqueo de todos los trabajadores en negro, así como garantizar la capacidad adquisitiva de los salarios para todos los trabajadores y del subsidio a los desocupados.

Con esta declaración apuntamos a que una tercera voz a favor de las mayorías populares comience a cobrar cuerpo frente a la crisis actual.

Primeras firmas:

Claudio Katz, Guillermo Almeyra, Maristella Svampa, Hugo Calello, Susana Neuhaus, Guillermo Gigliani, Alejandro Bercovich, Mabel Bellucci, Eduardo Faletty, Ezequiel Adamovsky, Claudia Korol, Clara Algranatti, Jose Seoane, Antonio Bitto, Jorge Marchini, Jorge Sanmartino, Eduardo Lucita, Bruno Fornillo, Martin Bergel, Hernan Ouviña, Diana Mauri, Ricardo Orzi, Guido Galafassi, Agustín Santella, Gustavo Robles, Emilio Taddei, Judith Feldman, Leandro Sowter, Mabel Twaites Rey, Aldo Casas, Nora Ciapponi, Antonio Por, Beatriz Morales, Claudio Pandolfi, Pablo Guillermo FRISCO, Irene Muñoz, Herman Schiller, Guillermo Caviasa, Julio Vergara, Ariel Petruccelli, Alejandro Medici, Franco Catalani, Manuel Gonzalo Navarro, Aníbal Viguera, Alberto Wiñaszki, Eduardo Gorostegui, Nicolás Lion. Meriem Choukroum, Mariano Féliz, Liliana Soto, Daniel Pereyra, Octavo del Valle, Fernando Stratta, Joaquin S. Gomez, Carlos M. Herrera, Hernan Camarero, Silvana Ferreira, Omar Acha, Hernan Apazza, Agustín Nieto, Leandro Andrini, Héctor Menendez, José Luis Heller, Luis Galand, Luciano Alonso, Natalia Vega, Alejandro Andreassi Cieri, Diego Heluani, Ernesto Javier Díaz, Daniel de Santis, Alan A. Rusch, Francisco G. Pavan, Oscar Martínez, Daniel Ximénez, Virginia Ciffarelli, Guillermo Perez Crespo, Roberto Fornari, Darío Balvidares, Martín Ogando, Cecilia Rikap, Fernando Lizarraga, Sergio Arelovich, Juan Grijera, Carlos morchio, Silvia Santos, Liliana Daunes

Carlos “Perro” Santillán
Fabio Resino – Pte. FACTA-Coop. BAUEN,
Luciana Santillán-Coord. Corriente del Pueblo Jujuy.
Bloque Piquetero Nacional
Frente de Trabajadores Combativos-Movimiento 29 de Mayo (FTC-Ml29), Movimiento Teresa Rodriguez La Dignidad (MTR La Dignidad),
Unión de Trabajadores en Lucha (UTL), Movimiento Brazo Libertario (MBL), Trabajadores Ocupados y Desocupados Unidos (TODU), Movimiento Teresa Rodriguez 12 de Abril (MTR 12 de Abril).
Enrique Gandolfo (Secretario General de SUTEBA Bahía Blanca y de la CTA Bahía Blanca – Coronel Dorrego).
Susana Altamirano (Sec. Acción social CTA Bahia blanca-Cnel. Borrego)
Norberto Señor (Secretario General de la Seccional Gran Buenos Aires Sur de ATE).
Alejandro Mascareño (Secretario General Seccional Almirante Brown – Presidente Perón de ATE).
Susana Ancarola (Secretaria de Prensa Seccional Gran Buenos Aires Sur de ATE).
Luis Angió (Delegado General de la Comisión Interna Seccional Buenos Aires del Banco Provincia de Buenos Aires).
Jorge Montero (Delegado General de la Comisión Interna de Destilería Shell de Dock Sud).
Carlos González (Delegado General de la Comisión Interna de SIDERAR Haedo – UOM).
Juan Pablo Casiello (Secretario Adjunto de la Seccional Rosario de AMSAFE).
Comisión Interna de Acetatos Quilmes – AOT.
Gustavo Ibaldi y Jorge Pérez (integrantes de la Agrupación Verde de SUTEBA Almirante Brown).
Marcos Britos y Pablo Goodbar (integrantes de la Agrupación Semilla Ramírez de Trabajadores de la Universidad de Buenos Aires).
Raúl Wanzo (Agrupación Negra de Mineros de Río Turbio de ATE).
Jerónimo Altschuller (Unión de Trabajadores Piqueteros).
Miguel Ángel Ruocco (MTR 12 de Abril).
Cristina Martín – Delegada ATE-Justicia
Carlos Penoncello – (Delegado UEPC-Córdoba)
Jorge Urruchua – (Sec. Unión ferroviaria – TBA-Mitre)
Oscar Arturo ( Agrup. Trabajadores del Subte “Los topos”)
Eduardo Barragán – (Pte. Asoc. Prof. Hospital Arcades –CICOP)
Cuerpo de Delegados APA-AR-Aeroparque
Gustavo Brufman – (Sec. Gral. Asoc. Docentes de la UNR.)

Militancia Comunista
Corriente Praxis
Colectivo Rompecabezas
Organización Estudiantil – Lobo Suelto.
Corriente Jose Antonio Mella – UBA
Foro de Debate para la Acción (FDPA)
Grupo Frente Comunista
Juventud Guevarista
Bases Socialistas
Red de Encuentro Social
Centro Político “Tinta Roja” La Plata.
Centro social y Cultural Flores Sur
Frente Popular Darío Santillán –(FPDS)

Adhesiones a: porotrocamino@gmail.com